Seguidores de Ortega queman 7 mil boletas en Cosoleacaque, Veracruz

Irregularidades también se han visto en Fortín de las Flores, Zongolica, Papantla, Misantla, Jalapa, dentro de los comicios nacionales del PRD.

Jalapa, Ver. Los comicios internos del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz tuvieron sus primeras irregularidades e incluso, acciones violentas por parte de algunos militantes en los municipios de Fortín de las Flores, Zongolica, Papantla, Misantlán, Acajete, Jalapa, Huatusco, Tlaltetela, Tres Valles y Cosoleacaque.

En este último municipio, ubicado al sur de la entidad, seguidores de Jesús Ortega y del candidato a la dirigencia estatal, Cesar Ulises Vázquez García, irrumpieron violentamente en varias mesas de votación y quemaron unas 7 mil papeletas.

En Misantla, varios paquetes con papelería electoral fueron cambiados por lo que llegaron padrones y formatos destinados a otros municipios.

En Jalapa, por lo menos 50 militantes denunciaron que fueron “rasurados” del padrón perredista pese a que tienen vigentes sus derechos y siguen activos en el trabajo del instituto político.

En Zongolica, seguidores de Cesar Ulises Vázquez García, candidato a la presidencia del Comité Directivo Estatal y de Jesús Ortega, distribuyeron en diversos municipios serrados propaganda con la leyenda “AMLO y Encinas, un peligro para México”.

A su vez, el coordinador de la bancada del PRD en el Congreso local, Manuel Bernal denunció que en la víspera, personas armadas que se identificaban como supuestos militantes perredistas recorrieron los municipios de Acayucan, Sayula de Alemán y Jaltipan, al sur del estado, amedrentando a los militantes.

En Huatusco y Tlatetela, en la zona centro, presuntos militantes priístas habrían obtenido credenciales del Sol Azteca para sufragar a favor de Vázquez García y Jesús Ortega, denunció el Movimiento Popular Independiente (MOPI), organización adherida al PRD.

La alcaldesa del lugar, Zayda Ochoa Validvia, hija del dirigente nacional del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán, fue señalada de “operar” en la zona para infiltrar el padrón perredista.

“Yo tengo mi perfil e historia propias. Tengo una trayectoria de autonomía e independencia y, como siempre, (...) asumiré plenamentre mis facultades y todas mis decisiones”, afirmó Alejandro Encinas.

México, DF. El candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Alejandro Encinas, aseguró que de ganar las elecciones de este domingo su primera acción será “poner órden en la casa” y afirmó que sus decisiones las asumirá con independencia de las opiniones de Andrés Manuel Lopez Obrador.

“Yo tengo mi perfil e historia propias. Tengo una trayectoria de autonomía e independencia y, como siempre, como le he hecho toda mi vida, asumiré plenamentre mis facultades y todas mis decisiones”, dijo después de emitir su voto en la casilla instalada en el kiosco del centro de Coyoacán.

En entrevista afirmó que independientemente de los resultados, toda la dirigencia, candidatos y militantes se concentraran el martes en el Zócalo, “donde estaremos todos juntos por la defensa del petróleo”.

Encinas Rodríguez insistió en que persisten irregularidades inclusive en el día de la elección, como el hecho de que muchos militantes fueron rasurados del padrón, pero acotó que espera que estos hechos se subsanen para que el proceso interno sea limpio y creíble. Sin embargo, declaró que si las irregularidades persisten, únicamente presentará su queja ante la comisión de garantías, y no ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque no acudirá a instancias a las que no les reconoce autoridad moral.

Encinas Rodríguez anticipó que esperara los resultados por la tarde en su casa de campaña y se espera que dé una conferencia por la noche en un salón de un hotel de la colonia Nápoles.

En una magna asamblea frente a la Torre de PEMEX, ante miles de ciudadanos integrantes del movimiento nacional en defensa del petróleo y luego de que la senadora Rosalinda López lo presentó, se aprobó un plan de acción de resistencia civil pacífica para detener y movilizar al país contra la privatización o entrega de la industria energética y petrolera.

El Plan de Acción consiste en los siguientes puntos:

Como parte de esta Primera Etapa continuaremos con las jornadas de constitución de los Comités Coordinadores Estatales, de Brigadas Patrióticas y Brigadas Permanentes de Información en plazas públicas, Universidades, foros, municipios, villas, pueblos, rancherías, colonias y barrios


Al momento en que sea presentada la iniciativa privatizadora, nuestra Segunda Etapa, consistirá:

1.- Huelga Legislativa, a cargo de los Grupos Parlamentarios en el Congreso de la Unión de los partidos políticos que integran el Frente Amplio Progresista;

2.- Inmediatamente, se instalarán cercos ciudadanos en las instalaciones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados;

3.- En los Estados, reforzaremos las acciones de los legisladores federales con cercos ciudadanos en los palacios de Gobiernos Estatales y Congresos Locales.

En caso de que la iniciativa privatizadora no sea retirada, el movimiento será convocado por el Frente Amplio Progresista, Legisladores Federales, y la Comisión Coordinadora en Defensa del Petróleo a iniciar las siguientes acciones escalonadamente:

1.- Cercos ciudadanos a los aeropuertos del país;

2.- Cercos ciudadanos a las instalaciones administrativas estratégicas petroleras y financieras;

3.- Bloqueos ciudadanos a carreteras en todo el país; y

4.- Paro Patriótico Nacional Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo

México, D.F., 29 de febrero (apro).- El coordinador del PRD en San Lázaro, Javier González Garza, consideró que lo menos en que incurrió el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, fue en “tráfico de influencias” para beneficiar a la empresa de su familia –Ivancar--, con contratos de Petróleos Mexicanos.

González Garza calificó de “tardío” el deslinde que quiso hacer el funcionario de su alejamiento de los negocios familiares con su participación en la firma de contratos con Pemex.

El líder de la fracción perredista en la Cámara de Diputados dijo que es insatisfactoria la explicación de Mouriño Terrazo y que lo que ahora busca el titular de Gobernación es “curarse en salud”.

El legislador observó que “el único problema es que no lo hizo a tiempo: ahí hay firmas específicas, cuando ya estaba en esto, y es un asunto, cuando menos, de tráfico de influencias”.

Apenas ayer Mouriño buscó salió al frente de los señalamientos del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que cuando el colaborador de Felipe Calderón trabajó en la Secretaría de Energía (SE), fue pieza clave para la firma de contratos entre Pemex y Transportes Especializados Ivancar.

Mouriño alegó que no ha beneficiado en ningún momento al grupo empresarial que encabeza su padre, e incluso dijo que renunció a ser socio de éste cuando decidió ser funcionario público.

González Garza también exteriorizó sus dudas sobre la disposición del secretario a entregar documentación a las autoridades para que determinen la licitud de los contratos.

Comentó que por experiencias anteriores pueden adelantar que no pasará nada si se entregara ese expediente al propio gobierno de Calderón Hinojosa.

Según González Garza, el próximo lunes se reunirán por la noche los coordinadores parlamentarios del Senado y Cámara de Diputados que integran el Frente Amplio Progresista (FAP), para determinar qué acciones jurídicas van a seguir sobre el amplio expediente de los contratos de la empresa Ivancar con Pemex-Refinación en transporte de hidrocarburos.

Sobre la pregunta de si Mouriño debería seguir al frente de Gobernación, advirtió que “vamos a ver lo que se pueda presentar; a mí me parece que no tiene sentido que una persona que está ligada familiarmente --y que firma como responsable de unas empresas que hacen contratos con Pemex-- pueda permanecer en ese puesto”.

Por su lado el diputado perredista Alejandro Sánchez Camacho anunció que en los próximos días su grupo político presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Mouriño por posible tráfico de influencias.

En tanto Elías Cárdenas, presidente de la comisión investigadora de los contratos otorgados a la empresa Construcciones Prácticas, dijo que la experiencia de las denuncias contra los hermanos Bribiesca Sahagún demostró que no tiene caso ese camino, por la falta de acción de la autoridad.

Planteó otra vía: “Creo que esa ruta está clausurada, lo mejor será pedir la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, para que determine si aún están vigentes los contratos y nos diga qué irregularidades hay, respetando el principio de anualidad”.

El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, debe retirarse del cargo mientras se lleva a cabo la investigación sobre su presunta responsabilidad en tráfico de influencias y otros delitos relacionados con la obtención de contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando ya era servidor público, demandaron diputados y senadores del PRD.
El coordinador de los diputados, Javier González Garza, y el vicecoordinador de los senadores perredistas, Ricardo Monreal, coincidieron, en entrevistas por separado, en que la separación del cargo es fundamental para que no haya presiones desde el poder que entorpezcan o frenen las investigaciones.
Monreal precisó que el Frente Amplio Progresista (FAP) definirá el próximo lunes las acciones judiciales que emprenderá contra Mouriño, toda vez que la documentación presentada por Andrés Manuel López Obrador prueba que el ahora responsable de la política interior del país obtuvo contratos de Pemex por más de cien millones de pesos para las empresas de su familia.
Los contratos le fueron adjudicados, precisó, entre diciembre de 2000 y junio de 2006, cuando ocupó cargos públicos, por lo que incurrió en por lo menos cinco delitos, entre ellos tráfico de influencias, peculado, uso indebido de facultades y atribuciones, y colusión de servidores públicos.
Por separado, el diputado González Garza dijo que no es posible que “una persona ligada familiarmente, y que firma como responsable de unas empresas contratistas de Pemex, pueda permanecer en su puesto”.
Sobre la afirmación del funcionario de que renunció a la participación accionaria en las empresas de su familia, manifestó que “el problema es que no lo hizo a tiempo”.
En los documentos que López Obrador entregó el domingo pasado “hay firmas específicas” de Mouriño que demuestran que incurrió en tráfico de influencias, “por lo menos”.
Respecto de las acciones que tomarán en la Cámara de Diputados y el Senado, González Garza consideró que “sería ocioso” llevar el caso a la Secretaría de la Función Pública, porque no habría imparcialidad en la investigación. Insistió en que el secretario de Gobernación debe renunciar.
En el mismo sentido se pronunció el diputado Alejandro Sánchez Camacho, coordinador de asuntos económicos de la fracción perredista en San Lázaro.
Subrayó que la separación es fundamental para no entorpecer las investigaciones respecto de los contratos que negoció con Pemex cuando se desempeñaba como coordinador de asesores de Felipe Calderón, entonces secretario de Energía.
El diputado Sánchez Camacho informó que en los próximos días presentarán ante la Procuraduría General de la República una denuncia contra Mouriño por tráfico de influencias, con base en el artículo 221 del Código Penal Federal.
“No podemos aceptar que un integrante del gabinete federal aparezca como uno de los principales impulsores de la reforma energética y tenga esta sospecha de tráfico de influencias”, señaló durante la mesa de discusión Estado e industria del petróleo en México, organizada por el PRD.
Por su parte, Monreal deploró que haya “una intención política y mediática de sobredimensionar los errores del PRD para ocultar los actos ilícitos de Mouriño”, ya que lo verdaderamente escandaloso no es el incidente durante la concentración del domingo pasado afuera de la torre de Pemex, ni la aparición de René Bejarano en las campañas perredistas, sino el tráfico de influencias del secretario de Gobernación y los abusos en que incurrió para obtener beneficios económicos. De ahí que, insistió, debe retirarse del cargo.

Ayer se definió el plan de acción contra la privatización del petróleo y se decretó que los legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia entren en “estado de alerta”, mientras la senadora Rosalinda López anunció que por la lucha están dispuestos a llegar a un “paro patriótico nacional”.

Javier González Garza, coordinador de los diputados perredistas, manifestó que ante cualquier intento de imponer una reforma constitucional o legal para entregar la industria petrolera a particulares, realizarán un paro legislativo en el Congreso de la Unión.

Mientras, los integrantes del Movimiento en Defensa del Petróleo anunciaron que están decididos a realizar cercos ciudadanos en las cámaras de Diputados y de Senadores, en sedes de gobiernos estatales y congresos locales, en los aeropuertos del país, en instalaciones administrativas estratégicas, petroleras y financieras, y realizar bloqueos en carreteras hasta llegar al paro nacional.

Rosalinda López dijo que “no hay de otra. Es la única opción que nos dejan quienes mantienen una alianza vergonzante en contra de la nación. Pero les decimos a los enemigos de México”, agregó, que “pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, la resistencia civil pacífica crecerá y no dejará de movilizarse hasta que cesen los intentos de entregar el patrimonio del país al capital privado, nacional y extranjero”.

Dijo que saben que “los riesgos de la represión estarán presentes, y los medios de comunicación dominados por la mafia arreciarán sus vulgares ataques para tratar de desacreditarnos, pero también sabemos que contamos con el apoyo popular”.

La senadora insistió en que ante esta “situación de emergencia”, impulsarán de manera progresiva el plan de acción asumido que incluye, en una primera etapa, constituir en los estados los comités coordinadores de defensa del petróleo.

Al mismo tiempo, mantener las “brigadas patrióticas y permanentes de información en plazas públicas, universidades, foros, municipios, villas, pueblos, rancherías, colonias y barrios”.

Pero si se presenta la iniciativa (privatizadora) por parte de PRI o PAN, pasarán a una segunda fase que, definió, consistirá en la huelga legislativa, a cargo de los grupos parlamentarios del Frente Amplio Progresista (FAP), y a la instalación inmediata de cercos ciudadanos en las cámaras de Diputados y de Senadores, palacios de gobierno y congresos estatales.

Y si pese a ello se insiste en privatizar, ampliarán los cercos a los aeropuertos del país, a instalaciones administrativas estratégicas petroleras y financieras, además de bloquear carreteras y finalmente llegar al “paro patriótico nacional”.

González Garza dijo, por su parte, que en el Congreso de la Unión tratarán de ganar el “debate técnico y moral para prevenir a la sociedad mexicana de las tentaciones neoliberales orientadas a desnacionalizar el petróleo”. Además, “realizar todas las acciones necesarias que permitan inhibir y derrotar definitivamente el intento de PRI y PAN por cumplir con ese cometido”.

Manifestó que no quieren ni buscan la violencia, y convocó a todos los sectores de la sociedad a sumarse a la causa, mientras los legisladores del FAP decretaron el estado de alerta en sus grupos parlamentarios, “suspendiendo viajes, concentrándonos e informándonos con el propósito de estar prestos a la acción”.

A la asamblea no acudieron –por acuerdo– los candidatos a presidentes nacionales del PRD, Jesús Ortega, Alejandro Encinas, Camilo Valenzuela y Alfonso Ramírez Cuellar, aunque ya expresaron su solidaridad con esta lucha.